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Edición Colombia · 1 noviembre, 2026
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Territorio & Poder

Trabajadores de la planta administrativa de la alcaldía consideran vulnerados sus derechos tras concurso

Opinión Caribe

En total 80 mil millones de pesos sería el detrimento patrimonial al que se vería sometido el distrito de Santa Marta por demandas que interpondrían más de 211 trabajadores activos de la planta administrativa central de la alcaldía samaria, quienes consideran vulnerados sus derechos al ser ofertados sus cargos en el concurso de méritos del post conflicto.

Este concurso surgió de los acuerdos de paz en la Habana, con la intención de favorecer a víctimas del conflicto y que involucraba la oferta de cargos en varias entidades públicas, especialmente alcaldías, en poblaciones directa o indirectamente afectadas por la guerra y Santa Marta fue incluida. Aunque la normatividad indicaba que los cargos ofertados en la capital de Magdalena serían exclusivamente los correspondiente al área rural y sin embargo por error o negligencia, terminaron ofertando todos los cargos administrativos del nivel central en el área urbana, lo que vicia el concurso que, a pesar de la irregularidad, se ejecutó con la convocatoria y realización de exámenes en julio pasado.

A la evidente irregularidad, se sumó que los interrogantes planteados a los funcionarios, no tenían nada que ver con los cargos ofertados ni con los respectivos ejes temáticos.

Conocidos los resultados y próximo a darse a conocer la lista de elegibles, los funcionarios afectados, muchos quienes tienen más de 20 años de ejercicio en cargos en la alcaldía distrital, solicitan a la administración de abstenerse a continuar con el proceso, lo que no solo generaría una masacre laboral injusta, sino demandas masivas que podrían generar el multimillonario detrimento.

Este martes más de 200 funcionarios afectados realizaron un plantón frente a la sede de la administración local para solicitar ser escuchados y evitar que con el patrimonio público se tengan que cancelar más de 80 mil millones de pesos, por permitir un concurso de méritos con un marco normativo equivocado.