Reformar o morir
Mas vale tarde que nunca. Hablar de la reforma a la Ley 30 de educación superior en Colombia es un tema recurrente que, siempre ha estado en la agenda política y en la boca de quienes han gobernado. Desde mi época de estudiante en la Universidad del Magdalena, allá por el 2009, se hablaba de la imperante necesidad de reformar esta ley, recuerdo que posteriormente aun como estudiante participe en varias marchas de lo que se conoció como la MANE en el 2011 y el paro nacional universitario y la reforma era el principal propósito.
Hoy en 2023 ya lejos de mi época de estudiante, la reforma sigue siendo un anhelo, en este sentido, es crucial abordar los principales temas que deben ser contemplados en la reforma, especialmente, en mi opinión, la profunda brecha de inequidad que existe entre las universidades públicas del país, en particular aquellas ubicadas en territorios periféricos como el Magdalena, La Guajira y el Chocó frente a las Universidades públicas del centro del País y de departamentos como Antioquia es uno de esos principales temas.
Insistimos uno de los principales desafíos que enfrenta la educación superior en Colombia es la inequidad entre las universidades públicas. Es inaceptable que las instituciones ubicadas en territorios periféricos, como el Magdalena, La Guajira y el Chocó, con problemáticas mas agudas, reciban significativamente menos recursos en comparación con las universidades del centro del país. Esta situación crea una brecha profunda que dificulta la competencia y limita las oportunidades para estudiantes y profesores en estas regiones.
La reforma a la Ley 30 debe tener como uno de sus objetivos superar esta brecha. Es fundamental que se establezcan mecanismos de distribución equitativa de recursos que permitan a las universidades periféricas contar con los fondos necesarios para ofrecer una educación de calidad. Esto implica garantizar la infraestructura adecuada, el acceso a tecnología y recursos didácticos, así como la formación y capacitación de docentes altamente calificados.
Por lo anterior se destaca desde este espacio las manifestaciones del Gobierno Nacional en el marco del proceso de reforma que, precisamente se dirigen a fortalecer la educación en los territorios, esto necesariamente, debe conllevar, esperamos a que se fortalezca presupuestalmente a las universidades periféricas, especialmente a aquellas Universidades como la Universidad del Magdalena que, a pesar de, entregar resultados destacados en calidad, inclusión, investigación, internacionalización, etc. Siguen siendo marginales en la participación del presupuesto publico.
Esperamos que, en general la Reforma sea un instrumento que impulse la descentralización de la educación superior, fomentando la creación y fortalecimiento de instituciones en las regiones. Esto contribuirá a la descentralización del conocimiento y permitirá que los estudiantes no tengan que desplazarse a las principales ciudades para acceder a una educación de calidad.
Otro aspecto importante a considerar en la reforma es la necesidad de fortalecer la vinculación entre las universidades públicas y el sector productivo. Es fundamental promover la investigación aplicada, la transferencia de conocimiento y la creación de programas académicos orientados a las necesidades de desarrollo de cada región. Esto permitirá que las universidades se conviertan en motores de desarrollo económico y social, generando oportunidades de empleo y emprendimiento para los graduados.
Es responsabilidad del gobierno, las instituciones educativas y la sociedad en su conjunto trabajar de manera articulada para superar los desafíos y construir un sistema de educación superior más inclusivo y equitativo. Solo a través de una reforma integral y comprometida podremos asegurar que todos los estudiantes, independientemente de su lugar de origen, tengan acceso a una educación de calidad y oportunidades de desarrollo académico y profesional.
Ojalá el Gobierno Nacional que ha expresado disposición para reformar la Ley, tenga en cuenta precisamente las voces de las regiones para las consideraciones legislativas que, la ley se haga con los actores de la educación en la periferia, para, precisamente legitimarla y ojalá, el Gobierno pueda concentrar esfuerzos en sacar adelante este proyecto en el contexto polarizado y de poca gobernabilidad que hoy tiene.
